El Día de la Tierra nació el 22 de abril de 1970, impulsado por el senador Gaylord Nelson en Estados Unidos, tras la creciente preocupación por la contaminación y los desastres ambientales.
La primera convocatoria movilizó a más de 20 millones de personas, incluyendo universidades, escuelas y comunidades, y dio lugar a la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y leyes clave como la de Aire Limpio y Agua Limpia. Desde entonces, la fecha se consolidó como un espacio global de reflexión y acción ambiental.
El objetivo central del Día de la Tierra es crear conciencia común sobre los problemas ambientales: sobrepoblación, pérdida de biodiversidad, contaminación, cambio climático y degradación de ecosistemas. Se trata de reconocer que la Tierra es nuestro hogar compartido y que la interdependencia entre los seres vivos exige un modelo de desarrollo sostenible. En América Latina, esta conmemoración adquiere especial relevancia por los conflictos socioambientales vinculados a la minería, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo vincula con la defensa de los derechos humanos y ambientales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han destacado que la defensa del medio ambiente es inseparable de la protección de los derechos humanos. En el marco del Día de la Tierra de 2021, la CIDH celebró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental regional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Además, reconoce explícitamente la labor de las personas defensoras de la tierra y el ambiente, instando a los Estados a protegerlas frente a amenazas y violencia.
Hoy, el Día de la Tierra es más que una conmemoración: es una plataforma de acción global que conecta la lucha ambiental con la defensa de los derechos humanos. La CIDH ha determinado que los Estados deben garantizar la protección de quienes defienden el ambiente, pues América Latina es una de las regiones más peligrosas para esta labor. En este sentido, el 22 de abril no solo recuerda el origen del movimiento ecologista, sino que actualiza su vigencia frente a los desafíos contemporáneos: crisis climática, pérdida de biodiversidad y violencia contra defensores ambientales.
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